Argentina tiene una sociedad evolucionada desde el punto de vista humano, con una población cuya cultura sobrepasa la media de Latinoamérica y muchísimos aspectos admirables. Sin embargo, exhibe una carencia atávica a la hora de elegir a sus gobernantes. El largo historial que exhibe de incumplimientos a principios y compromisos por parte de sus autoridades lo hace caer en la categoría de vecino no confiable, pese a la fortalezas que exhibe su gente. Su relación con Chile, a pesar de la evidente cercanía de sus pueblos, no ha estado exenta de dificultades.
Episodios como el incumplimiento del acuerdo de abastecimiento de gas, que obligó a Chile a buscar otras alternativas de abastecimiento; el desconocimiento de un laudo arbitral que nos puso al borde de una guerra fraticida; la reciente promulgación de una ley sobre glaciares que echa por tierra proyectos mineros binacionales, son sólo algunos ejemplos de la persistente trayectoria de sus gobernantes. Otros muchos casos tienen que ver con otros países y su propio pueblo, como el indignante "corralito" de hace algunas décadas.
Por estos días, la negativa a extraditar a un ciudadano chileno acusado de participar en el asesinato de un senador, reabre esa larga lista. Sin duda, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha privilegiado, una vez más, un mezquino cálculo electoral interno por sobre el respeto a principios internacionales de convivencia. Al menos en Chile, eso ha quedado meridianamente claro.
La siguiente columna de opinión del diputado argentino Ricardo Gil Lavedra aparece publicada hoy en el diario La Nación de ese país. Su análisis me interpreta, como al igual que muchos chilenos y creo que también a la mayoría de los argentinos:
"La decisión del gobierno argentino, a través de un órgano no independiente, el Conare, de otorgarle el estatus de refugiado al ex guerrillero chileno Sergio Apablaza es un acto grave, contrario a la vigencia irrestricta de los derechos humanos y ofensivo hacia el país requirente, que integra junto con la Argentina diversos entes regionales.
Chile solicita la extradición desde hace varios años para juzgarlo como imputado de la autoría intelectual del homicidio de un senador de ese país en 1991. El delito no se cometió durante una dictadura, sino en plena democracia. No se trata de un acto originado en una guerra civil ni en la lucha por la libertad, sino de un homicidio fríamente planificado sin otro móvil que el de la venganza.
Chile es una república democrática, en la que rige el Estado de Derecho en forma irrestricta. Es, además, en muchos aspectos, un país ejemplar en América latina, que acredita un valioso respeto por el orden jurídico y por la convivencia política. Por lo tanto, negarle la extradición de quien es imputado de haber cometido un delito común, como lo ha determinado recientemente nuestra Corte Suprema, significa desconocerle su aptitud para juzgarlo con todas las garantías del debido proceso. En otras palabras, es considerarlo un estado de rango inferior en cuanto a su calidad institucional; un mensaje de un cinismo inadmisible para cualquiera que conozca la situación que en esa materia existe a uno y otro lado de la cordillera de los Andes.
Si la doctrina del gobierno argentino es que la existencia de razones políticas en un crimen justifica el rechazo de la extradición, pierde todo sustento el reclamo que la Argentina viene haciendo al gobierno de Irán, incluso en foros internacionales, para que extradite a personas involucradas en un atentado terrorista ocurrido en nuestro territorio.
La antipatía por la víctima y la simpatía por el victimario no pueden constituir el fundamento de la concesión del estatus de refugiado. No hay crímenes buenos y crímenes malos. Lo que subyace en esta decisión es la falta de compromiso auténtico del gobierno nacional con la causa de los derechos humanos, que tienen como principio básico su carácter universal. Cuando se los manipula para favorecer a un sector político y perseguir a otro, se advierte que la invocación de los derechos humanos es meramente retórica.
La República de Chile no merece esta injuria. Tampoco la merece la democracia argentina".
3 comentarios
a-la-intemperie
3 oct 2010 | 05:35 PM
Bueno...estoy de acuerdo en el eje temático de éste post, pero totalmente en desacuerdo en lo que nombras al pasar y que merecería un trato más significativo como lo es, el tema de la Ley sobre glaciares en detrimento de "proyectos mineros" y me extraña muchísimo tu postura dada la orientación ( que creía) perseguía este blog.
Daniela Floridia
Mauricio Bertero
3 oct 2010 | 10:02 PM
Daniela, lo de de la Ley sobre glaciares lo puse para ejemplificar una historia de constantes contradicciones y cambios de reglas del juego que caracteriza a vuestros gobernantes. No me refiero a la ley en sí misma, que seguramente despierta muchas simpatías, sino a la actitud permanente de cambiar las condiciones y pasar a llevar los principios. Eso es a mi juicio muy lamentable porque resta credibilidad. En este caso, si un estado declara su voluntad de respetar el medio ambiente no debería haber permitido desde el comienzo esos proyectos mineros, si éstos ponen en peligro un ecosistema. No parece coherente que se autoricen y luego se retracte la decisión por otras vías. Ese fue el sentido, dentro de un contexto mayor al que apunto.
Saludos cordiales
gabriela
3 oct 2010 | 10:27 PM
Absolutamente de acuerdo con el señor Ricardo Gil, y en absoluto desacuerdo con los argumentos que dió doña Cristina, cuando dijo que este señor vive desde hace años allá, que tiene dos hijos argentinos, y que no quería deshacer una familia...Decir eso, es no entender nada de nada.
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